La Tercera Ola

Desde algunos sectores se viene acusando al movimiento Ciberpunk de defender la nacionalización de las redes de telecomunicaciones. Me parece oportuno señalar algunos argumentos desde el punto de vista liberal que pueden contribuir a explicar la defensa de las redes públicas (y no públicas).

En las zonas de rentas medias y altas de muchas ciudades una persona puede contratar un acceso a Internet eligiendo entre diversas ofertas, ya sea mediante adsl, cable, con diferentes velocidades de conexión, asociado o no a servicios de telefonía y televisión, etc. Son varias las empresas que ofrecen estos servicios, y por lo tanto la competencia hace que los precios no sean excesivos.

Sin embargo hay muchas zonas, principalmente rurales y barrios de renta baja en grandes ciudades, donde no llega ni adsl ni cable ni nada de nada, puesto que a muchas empresas no les resulta rentable prestar sus servicios allí. En estos lugares la poca gente que utiliza Internet se ve obligada a acceder mediante un modem y les resulta sumamente difícil conseguir un servicio de alta velocidad. De todas formas, aunque existieran ofertas de acceso de calidad poca gente las podría contratar, por ser áreas de poca implantación de nuevas tecnologías y de bajo poder adquisitivo.

Las redes de telecomunicaciones sin cables permiten dotar de accesos de calidad a cualquier lugar con un coste bajo y sin necesidad de realizar costosas obras de cableado o de cambio de líneas. En los últimos tiempos han aparecido algunos ayuntamientos, empresas y particulares que ofrecen acceso inalámbrico con un precio bajo o incluso gratuito. Esto está produciendo que cada vez más ciudadanos de estas zonas tecnológicamente desfavorecidas puedan acceder a la red y a todas las posibilidades formativas, de información, de negocio y de ocio que esta ofrece.

Pero como ocurre siempre no todo es tan sencillo: la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones dictaminó recientemente que para dar acceso a Internet hay que estar registrado como operadora. El gobierno exige que se cierren los puntos de acceso ilegales que hay en España.

Al controlar quién ofrece acceso a Internet y quién no, el Estado está cercenando dos principios que a mi modo ver definen a una sociedad economómicamente liberal:

· La igualdad de oportunidades

Al no permitir a administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas, comarcas…), particulares y empresas dar acceso inalámbrico a quien quieran y cuando quieran estamos creando desigualdades. Un niño de 10 años que vive hoy en día en una zona con Internet de alta velocidad tiene acceso a todas las posibilidades que ofrece la red, mientras que otro niño que habita en un lugar sin infraestructuras de telecomunicaciones lo tiene mucho más difícil. Al cabo de unos años el niño que ha vivido en la red estará mucho más capacitado que el otro para desenvolverse en la sociedad en la que vive porque habrá tenido acceso a la mayor biblioteca del mundo. Y lo mismo ocurre con la creación de empresas, mejora de servicios en comercios, etc.

· La no-intervención del Estado

Si hay alguien que quiere ofrecer red gratuita y puede pagarlo allá él. El Estado no debe cerrar la puerta al libre albedrío de accesos simplemente para mantener la competencia en un mercado oligopolista, que en el fondo es repartir el pastel entre los de siempre.

En definitiva, unas redes amplias, baratas y libres generan un avance considerablemente más rápido de la sociedad. Y en este caso la regulación estatal lo está impidiendo… por eso toca defender la libertad en las redes.

Más información en…

· Redes Públicas
· Redes públicas: ¿libertad de mercado o libertades cívicas?
· Alfredo Romeo - Pintados para la guerra (II)
· Resolución del “Caso Barcelona”